¿Se puede hacer desaparecer de Google un caso de corrupción?

La reputación digital de una persona de interés público se encuentra más vulnerable a ataques en redes que la persona común. Los mayores impactos para la reputación e imagen digital de una persona en redes se ven como resultados de la publicación de casos de corrupción o noticias negativas en los medios. No obstante, una vez que la noticia se encuentra divulgada en el ciberespacio existen formas de hacerla desaparecer de Google de forma legal.

El mayor recurso que poseen todos los ciudadanos europeos a la hora de eliminar algún contenido perjudicial de los resultados de búsqueda de Google es el derecho al olvido en internet. Una legislación nacida para proteger el honor de los internautas en redes, siguiendo ciertos requerimientos y criterios informativos, y hacer desaparecer de Google toda información perjudicial de los usuarios interesados.

¿En qué situaciones es posible hacer desaparecer de Google un caso de corrupción?

Lo primero que debe saber el usuario que está siendo afectado por la noticia es que sí es posible eliminarla o hacerla desaparecer de Google. Con el derecho al olvido, una legislación establecida en 2014 que permite la supresión de enlaces con contenido negativo o perjudicial de los resultados de Google pueden eliminarse las noticias sobre corrupción. No obstante, para poder ejercer de forma adecuada es fundamental conocer el tipo de información que puede ser eliminada.

Para conocer esto, debemos aprender qué es el derecho a la información. Esta es una legislación reconocida a nivel internacional, esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas. Consiste básicamente en el derecho que poseen los medios comunicativos para publicar una noticia que resulte de carácter informativo para los ciudadanos. A pesar del daño que cause, una declaración polémica podrá considerarse información valiosa.

En España, el derecho a la información se regula dentro del artículo 20 de la Constitución española, donde se hace referencia a ambos: libertad de expresión y derecho a la información. Dentro de este apartado se reconocen los derechos a expresar y difundir pensamientos, ideas u opiniones en cualquier medio, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y la libertad de cátedra. 

El derecho a la información paralelamente cubre la difusión por medios de información veraz y no puede ser censurado ni restringido. Sin embargo, en materia de desaparecer de Google, estas libertades legales tienen sus límites. Específicamente sobre el derecho al honor, a la propia imagen, a la protección de la juventud e infancia y libertad ideológica o religiosa. Así como situaciones asociadas con casos de resolución judicial.

Es decir, para que el ejercicio del derecho a la información sea legítimo deben cumplirse los requisitos de la existencia de interés y relevancia hacia la información divulgada, así como la necesidad de que dicha información sea de naturaleza veraz. Este derecho contiene dos actores principales para poder aplicarse: los profesionales encargados de difundir la información y los recipientes de esta.

De igual forma, el derecho a la información tiende a disputar con el derecho al honor, al olvido y demás. Existen ciertas limitaciones más específicas para este primer derecho, por ejemplo, los comentarios insultantes o difamaciones no se encuentran amparadas por este. Por otro lado, a pesar de que las personas dentro del ojo público deban soportar mayores escrutinios, no puede invadir su vida privada ni desvelar aspectos de esta.

Tomando en cuenta la prevalencia de este derecho sobre la posibilidad de desaparecer de Google, cualquier tipo de noticia que relata un caso de corrupción puede permanecer pública en las redes en cuanto su información sea veraz y tenga carácter informativo hacia la sociedad. Una noticia puede ser suprimida cuando deja de ser relevante, ya sea porque el caso fue sobreseído, la persona fue absuelta o la situación fue una equivocación.

Derecho a ser olvidados: ¿Qué condiciones existen para eliminar un caso legal de Google?

El derecho al olvido es una legislación válida para ciudadanos europeos nacida de un fallo a favor de un español en Tribunales hace casi una década. Este es el derecho que posee un usuario de solicitar bajo ciertos lineamientos la supresión de enlaces específicos de los resultados de búsqueda de Google asociadas al nombre y apellido del afectado.

Este derecho es uno de los derechos ARCO (actuales ARSULIPO), incluido tanto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (artículo 17) como dentro de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (artículos 93 y 94).

Cualquier persona en internet que quiera desaparecer de Google puede ejercer su derecho a ser olvidado según el contenido de los enlaces cumpla alguno de estos criterios:

  • Los datos contenidos ya no son de interés público.
  • Los datos para tratar ya no se relacionan con la finalidad para la que fueron recogidos.
  • Se ha retirado el consentimiento para el tratamiento de dichos datos.
  • Al ejercer el derecho de oposición u otros derechos de tratamiento de datos.
  • Los datos son tratados de forma ilícita.
  • Los datos cumplen fines de investigación científica, histórica o estadística.
  • Si la supresión de los datos concurre con el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión.
  • Los datos personales se obtuvieron mediante la oferta de servicios de la sociedad de la información (Artículo 8.1 del RGPD).

Es relevante resaltar que este es un derecho digital, es decir, únicamente cubre la supresión de información en línea. De igual forma, el derecho al olvido no elimina la información de la fuente original donde fue publicada sino la visualización del enlace en los resultados de Google. Si un usuario desea eliminar el contenido de raíz, deberá ponerse en contacto con el webmaster o propietario de la web donde se encuentra la fuente original y negociar la baja de la publicación.

Una vez que el usuario afectado completa y envía el formulario de Google de derecho al olvido, el servicio posee un plazo de tiempo de hasta 30 días para dar una respuesta. Dado sea el caso que exista un retraso en la respuesta o la solicitud haya sido denegada, Google es responsable de exponer los motivos al solicitante del por qué. Igualmente, el servicio debe recordar al solicitante que posee la opción de ir directamente con la AEPD a presentar su caso.

En referencia al deseo de desaparecer de Google una noticia o extracto informativo de un caso de corrupción, el interesado debe considerar ciertos elementos. Por ejemplo, no es obligatorio que el acusado haya de estar absuelto del caso para solicitar la baja de la noticia, pero el hecho de estar absuelto puede aumentar las probabilidades de que se suprima el enlace.

Paralelamente, el usuario afectado puede solicitar la modificación o rectificación de la información de la noticia en el caso de que se encuentren errores en la misma o hayan incluido información innecesaria o extra, como datos de la familia o el domicilio. Si el usuario posee motivos válidos para eliminar o modificar la noticia, puede aplicar al webmaster o directamente a Google para suprimir la información.

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