Dentro de la legislación del territorio europeo, hace aproximadamente ocurrió un cambio jurídico que creó un derecho inigualable y valioso para sus ciudadanos. Nos referimos al derecho al olvido Google y demás servicios de tratamiento de datos personales, un conjunto de acciones legales devenidas de un fallo a favor de un ciudadano español en los tribunales.
Las bases legales del derecho al olvido para Google, Bing, Yahoo y demás buscadores son simples: proveer a los ciudadanos de la Unión Europea una opción viable para suprimir los enlaces con contenido negativo refutable de los resultados de búsqueda bajo sus nombres y apellidos, sobrenombres y derivados.
¿Qué es el derecho al olvido?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014 proclamó la sentencia “derecho al olvido”, donde se establece que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está bajo las normas de protección de datos de la Unión Europea. Asimismo, las personas del territorio tienen derecho a solicitar, bajo ciertos requerimientos, que todos los enlaces a sus datos personales no se visualicen en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre y apellido.
¿Cuál es el marco legal del derecho al olvido Google?
Cabe acotar que existen diversas resoluciones, sentencias y leyes que conforman el marco legal del derecho al olvido Google. Entre ellas se cuentan:
- las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- de la “Directiva Europea sobre Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas” (Directiva ePrivacy), la cual cubre el consentimiento de “cookies” (fuera de los estrictamente necesarios)
- la sentencia del TJUE del 13 de mayo de 2014 “Sentencia Google Spain»
- la sentencia del Tribunal Supremo que declara a los buscadores y editores de páginas web como responsables del tratamiento de datos personales
- el reglamento 2016/679 de la Unión Europea sobre protección de datos; la directiva 95/46 de la Comunidad Europea y RGPD
- y la Ley Orgánica 3/2018 o LOPDGDD, que regula las obligaciones sobre el tratamiento de datos
No hay que confundir el derecho de supresión con el derecho al olvido dado que a pesar de que ambos son similares, tienen una diferencia fundamental: el derecho al olvido Google solo es válido en un entorno digital. De hecho, el derecho al olvido se maneja como la manifestación del de supresión aplicado a los buscadores de internet. En resumen, esta es la legislación que respalda la posibilidad del usuario de limitar la difusión universal de su información personal.
¿Cuáles son las características de este derecho?
A diferencia de otros derechos digitales, el derecho al olvido Google tiene las siguientes características:
- Puede ejercerse ante los buscadores como Google, ya que estos son considerados responsables del tratamiento de datos personales.
- Se puede ejercer ante los editores de páginas web (la fuente original).
- El derecho prevalece sobre el interés económico del buscador y el interés del público, garantizando el derecho a la privacidad y carácter sensible de los datos personales.
- Aparece cuando el nombre y apellido de un usuario están enlazados a publicaciones que contienen información personal.
- No existe plazo para su ejercicio. El usuario puede solicitar la anulación cuando tenga razones legítimas para hacerlo.
Gracias al derecho al olvido, Google y otros buscadores se encuentran bajo la obligación de atender a la solicitud del interesado sin que este requiera pasar antes por la fuente original del enlace. Esto se debe a que los motores de búsqueda y los editores originales se han diferenciado en el proceso de tratamientos de datos, conteniendo legitimaciones diferentes y con un impacto diferente sobre la privacidad de los internautas.
¿Qué requisitos debe cumplir la información ante Google?
Cualquier usuario dentro de la Unión Europea se encuentra bajo su derecho de solicitar la baja de sus datos personales recolectados en un enlace web. No obstante, este hecho no implica que la solicitud será aprobada directamente. Los responsables de las solicitudes recibidas en el buscador como Google deben corroborar que la información objetiva cumpla alguno de los siguientes requisitos:
- Los datos personales ya no son necesarios para el fin con el que fueron recogidos.
- El administrador de los datos ya no los necesita para la finalidad con la que fueron recogidos.
- El usuario retira su consentimiento para el uso de sus datos o se opone a su procesamiento.
- La empresa no tiene un interés legítimo sobre los datos.
- Los datos se recopilaron ilícitamente o sin consentimiento.
- La información fue proporcionada por un menor de edad.
- Existe una obligación legal de borrar los datos.
- Ausencia de interés público.
- Relacionado con menores de edad.
- Están relacionados con antecedentes prescritos, exoneraciones y fallos absolutorios.
Dado el caso de que la información objetivo en la solicitud de derecho al olvido en Google obstruya el ejercicio de la libertad de expresión e información, sea necesaria para la defensa de reclamaciones, tenga fines de interés público o investigativo o sea implicada en una obligación legal, el ejercicio del derecho a ser olvidado se encontrará limitado.
Derecho al olvido Google: ¿Cómo ejercerlo?
Dentro de los diversos buscadores como Google, existe un procedimiento especificado para ejercer el derecho a ser olvidados. Este procedimiento de retirada de resultados de búsqueda debe ser llevado a cabo en un inicio por el usuario interesado ante Google. Para ejercer el derecho al olvido Google, partiendo de la declaración en Tribunales, se ha creado un formulario que le permita a los usuarios llevar a cabo su derecho de forma sencilla y eficaz. Dentro de este proceso, el usuario:
- Debe comprobar su identidad mediante la presentación de documentación oficial.
- Debe especificar el enlace del sitio web que contiene el contenido que desea retirar.
- Por último, paralelamente a completar las preguntas del formulario se debe especificar claramente las razones por las que se solicita la desindexación.
El buscador Google cuenta con un plazo de respuesta limitado a 30 días. En caso de que haya retrasos por la complejidad o amplitud de la solicitud, el responsable debe notificar inmediatamente al usuario interesado. De la misma forma, en el caso de que la solicitud sea rechazada, el responsable debe notificar al usuario las razones por las que se llevó a cabo esa decisión.
El usuario posee la opción de colocar un reclamo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando la Agencia considere como pertinente la solicitud, el incumplimiento por parte de la empresa puede ir desde ordenar el cumplimiento de la solicitud hasta multas administrativas de millones de euros.