¿Derecho al olvido o derecho de supresión?

Dentro de la materia del derecho en el reglamento de la Unión Europea, los internautas obtuvieron un derecho singular para proteger sus datos personales que se encuentren en internet. Hacemos referencia al derecho al olvido, previamente tratado como derecho a la supresión.

En cada movimiento que realizamos en internet, se va acumulando un rastro informativo que es recolectado, almacenado y modificado por los responsables del tratamiento de datos personales digitales. Para reforzar la privacidad e integridad de nuestra información digital, los internautas europeos cuentan con una legislación definida en el año 2014 llamada derecho al olvido.

Usualmente, el derecho al olvido en internet es confundido con el derecho de supresión. A pesar de que ambos derechos funcionan de maneras similares según el Reglamento General de Protección de Datos (PGPD), entre ellos existen diferencias en cuanto a su ejercicio y alcance de datos afectados.

Definiendo el derecho al olvido

En el fallo a favor del español Mario Costeja en 2014 en el caso contra Google, se da inicio al establecimiento del derecho al olvido en todo el territorio europeo. Esta legislación cubre el derecho de los internautas de solicitar a los motores de búsqueda como Google la supresión o desindexación de enlaces que contengan información perjudicial del usuario de los resultados de búsqueda.

El derecho al olvido en internet, también conocido como el derecho a ser olvidado, permite a la persona física tener un control más sofisticado sobre sus datos en el ámbito digital. En el caso que se cumplan los requisitos especificados, el usuario interesado se encuentra en la posición de solicitar la eliminación a los responsables del tratamiento de datos de enlaces, copias o réplicas de contenido que hayan sido publicados por él mismo o por terceros.

Siendo el caso que se cumplan con los criterios de contenido establecidos en el derecho al olvido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a suprimir de la lista de resultados obtenida tras la búsqueda del nombre del usuario interesado los vínculos a páginas webs que contienen información de dicha persona y han sido publicadas por terceros.

Asimismo, dentro de la LOPDGDD se estipula que el derecho al olvido engloba todo el ámbito digital de información. Por este motivo, este derecho puede aplicarse por cualquier persona a la que las redes sociales muestran datos personales que no concierne proporcionada por terceros, si estos datos son inexactos, inadecuados, excesivos o irrelevantes. A raíz de esto, las plataformas de redes sociales incluyen un procedimiento sencillo para que los usuarios puedan ejercer su derecho al olvido gestionando la información básica.

Cabe acotar que la acción de ejercer el derecho al olvido no implica la eliminación de la información sensible de la fuente, sino su desindexación de los resultados de búsqueda del motor. En caso de que el interesado desee ejecutar la supresión de la información digital debe ponerse en contacto directo con el propietario de la página web que la contiene y solicitarle la baja.

Diferencia entre derecho al olvido y de supresión

En la mayoría de los casos se utiliza el derecho al olvido como sinónimo del de supresión, o viceversa. Ambos derechos pueden considerarse complementarios, no obstante, no alcanzan a ocupar las mismas áreas de gestión de información. La diferencia fundamental entre ambos derechos vendría siendo el entorno en el que influyen.

El derecho de supresión, previamente conocido como derecho de cancelación, también es considerado como la manifestación del consentimiento ya que puede ejercerse la eliminación de datos sobre cualquier entidad que trate datos dentro y fuera del entorno digital. Como menciona su nombre, implica la supresión de cualquier registro físico o digital donde consten datos personales de la persona solicitante.

En lo que respecta al ejercicio del derecho al olvido digital, este puede ejercerse en todos los buscadores y editores de páginas web cuando el nombre y apellido de una persona están enlazados a publicaciones con información personal. Asimismo, posee prevalencia sobre el interés económico del buscador y el interés del público, y no posee restricciones de plazo para ser solicitado. Siempre que el caso entre dentro de las restricciones establecidas, el derecho al olvido puede ser aplicado.

Dentro del territorio español específicamente, el derecho al olvido y el de supresión pueden ser ejercidos ante dos figuras de autoridad: el responsable de tratamiento de datos personales del interesado o ante la Agencia Europea de Protección de Datos (AEPD). De igual manera, las autoridades se encuentran bajo la obligación de ofrecerle al ciudadano toda la información referente a cómo ejercitar dichos derechos y ante quién pueden hacerlo, todo mediante un canal de comunicación de uso sencillo como el correo electrónico.

El cargo de encargados y responsables del tratamiento de datos generalmente recae en las empresas, establecido por el RGPD bajo las nuevas obligaciones de responsabilidad proactiva. Dichas obligaciones encaran la garantía de la seguridad y el control sobre los datos personales de los usuarios. De hecho, el primer paso para demostrar la capacidad para tratar datos es solicitando el consentimiento expreso de los usuarios.

Tanto en casos de petición de derecho al olvido como de supresión de información se han visto oportunidades en donde a pesar de estar en su derecho, las empresas continúan manteniendo ocultos y bloqueados ciertos tipos de datos en un registro o hasta pueden denegar la solicitud con el motivo de que esa información fue cedida a terceros, yendo en contra al acuerdo de transparencia con su audiencia.

El principio de transparencia que deben seguir todas las empresas al tratar con datos bajo el derecho al olvido y de supresión hace referencia al acceso a toda información por parte del público acerca de procedimientos, resoluciones, documentos medios y actos. En caso de transferencia o robo de datos contenidos por la empresa, estas cuentan con un plazo de hasta 72 horas para comunicar a la autoridad de control sobre la fuga ocurrida.

Previamente a ejercitar el derecho al olvido o de supresión, los interesados pueden solicitar cierta información a la empresa. En estos casos la empresa debe proporcionar al usuario todos los datos que tenga sobre éste por escrito o por correo electrónico. La respuesta tiene un plazo de hasta un mes para ser procesada y remitida al usuario, en caso de demora la empresa debe expresar los motivos de esta. Igualmente, el único escenario en donde la empresa se encuentra en su derecho de denegar realizar la solicitud es si el usuario ya ha repetidas veces hecho la misma petición o si son consideradas como infundadas.

¿Cómo puedo ejercer el derecho al olvido y de supresión?

Ambos derechos son conocidos como sinónimos, incluyendo el aspecto de los requerimientos para ejercerlos. Las condiciones que estipulan los responsables de los tratamientos de datos para aplicar el derecho a la supresión son similares a las del derecho al olvido. La eliminación de datos será llevada a cabo en caso de que estos datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recabados, si el interesado retire el consentimiento o se oponga al tratamiento o los datos son tratados de manera ilícita.

Dentro del ámbito legal, los requisitos más estrictos giran en torno al tratamiento de datos de menores de edad. Es decir, la información recabada debe ser eliminada en el escenario de que se haya obtenido mediante ofertas de servicios a menores de edad sin la presencia de sus representantes. Si el caso sigue los lineamientos expresos, los datos personales deben ser eliminados para el cumplimiento de una obligación derivada del derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Existe un escenario en donde a pesar de la existencia de los requerimientos mencionados, no podrá ejercerse el derecho al olvido ni el de supresión. En el caso de que el derecho a la información y a la libertad de expresión sea reconocido con mayor valía en la situación que el derecho a ser olvidados, el segundo derecho debe ceder. De igual manera ocurre en situaciones donde se deba ver el cumplimiento de una obligación legal, de una misión al interés público con el ejercicio de poderes públicos del responsable o en el ámbito de la salud, con fines científicos o estadísticos, o para la defensa de reclamaciones.

Posteriormente a considerar la naturaleza del caso del interesado, la solicitud para llevar a cabo el procedimiento para el derecho al olvido o del de supresión podría ser realizada por este mismo o por un representante legal o voluntario. Claramente, en el caso de menores de edad la solicitud debe realizarse por las personas que cuenten con su patria potestad. El interesado debe proveer documentos que certifiquen su identidad, y la solicitud a realizar es gratuita.

Al recibir la petición, los responsables del tratamiento de datos deben procurar dar respuesta de cada novedad relevante, de los motivos por demoras y acerca de la decisión final de la solicitud en un plazo de 30 días. En caso de que la solicitud se vea rechazada, el interesado puede aplicar su derecho al olvido o del de supresión de nuevo ante el responsable del tratamiento de datos o pasar a la AEPD y presentarles el caso. Igualmente, en escenarios más extremos donde la AEPD rechace la solicitud, el ciudadano se encuentra en su derecho de llevar el caso a Tribunales.

Por otro lado, en el caso que los responsables del tratamiento de datos decidan no responder a la solicitud pueden verse vulnerables a sanciones monetarias según el RGPD. Las multas pueden constar de una multa administrativa que ronde los 20 millones de euros o una cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio anual. Paralelamente, las autoridades de protección de datos cuentan con el derecho a obligar a los responsables de datos a responder a la solicitud.

Cabe acotar que el derecho al olvido no es un derecho absoluto, ya que puede cederse en caso de que existan otros intereses relevantes para un fin legítimo previsto. Ambos derechos buscan el amparo del consentimiento de la persona interesada sobre sus datos personales y el tratamiento de estos y proporcionar una mayor protección a su integridad en internet.